En un acuerdo al que se llegó sobre la madrugada de este miércoles, los policías de Misiones que protestaban desde hace exactamente 13 días en reclamo de mejoras salariales, decidieron levantar el acampe sobre la avenida Uruguay y Félix Bogado.
El acuerdo al que se arribó contempla un mínimo incremento en el salario básico de junio -lejos de las pretensiones iniciales de los policías, que pedían una suba de 100%-, la promesa de que no habrá sanciones administrativas a los efectivos que participaron de la protesta y la apertura de una mesa de diálogo permanente, reconocida por el Gobierno provincial.
Fue más bien una rendición, aunque no “incondicional” de los policías de Misiones, cuyos referentes, Ramón Amarilla y Germán Palavecino, representan a las demandas de los 10.000 efectivos de la fuerza en la provincia, más allá de que no todos estuvieron en el acampe.
“Ambas partes aprendimos del otro”, dijo Amarilla, en diálogo con los periodistas, al salir de la jefatura donde acababa de firmar el acta de acuerdo. Por el Gobierno de Misiones, firmó el ministro de Economía, Adolfo Safrán, máximo garante del acuerdo, y el jefe de Gabinete, Ricardo “Kiko” Llera. Además, del jefe de la Policía, comisario Sandro Martínez.
¿Qué aprendieron cada una de las partes? Lo que aprendió la Policía de Misione, es que el Gobierno provincial, a diferencia de otras protestas, como la de 2020, esta vez sí “no hay plata”, al menos para los incrementos salariales que pretenden.
Mucho de la resolución del conflicto llegó a través de bajar las expectativas y comprender, sobre todo con el mero paso de los días, que a diferencia de las otras dos grandes protestas de los policías en 2012 y 2020, esta vez el Gobierno no pudo abrir la billetera. Por eso el incremento al que llegaron, lejos de las expectativas de máxima, fue de apenas un 15.000 pesos de incremento al básico a partir del mes de junio. A lo que hay que sumar los aumentos que el Gobierno ya liquidó en los recibos de mayo que estarán distribuyendo en las próximas horas, cercano al 25 por ciento.
El gobernador Hugo Passalacqua, que se mantuvo casi en silencio durante las casi dos semanas de conflicto, posteó extensamente las liquidaciones de las escalas salariales de los efectivos, el sábado en su cuenta de Twitter, como diciendo: no está tan mal, teniendo en cuenta el momento que vivimos.
Amarilla y Palaecino todavía tienen grandes dudas por su futuro legal, que podría verse envuelto en la causa que instruye el juez Ricardo Balor y el fiscal René Casals.
Es por eso que la promesa de “amnistía” a la que se llegó en la medianoche de este martes en la Jefatura de Policía, con un compromiso de no realizar sanciones administrativas, traslados y otras penalizaciones, fue una de las claves para levantar el acampe.
El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, tiene todo el apoyo de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich para sancionar duramente a los que participaron de esa protesta. “Esos ya no son policías”; dijo Bullrich, anoche en un programa de televisión.
La otra concesión que obtuvieron los policías, en esta rendición no “incondicional” fue la apertura de una mesa de diálogo que se volverá a reunir el mes próximo para analizar futuras recomposiciones salariales.
El Gobierno también cedió
Por su parte, el Gobierno de Misiones también realizó algunas concesiones. En primer lugar, hacer la vista gorda con las numerosas infracciones que le endilgó a los policías en protesta, a los que tildó de “sediciosos” por alterar la paz de la provincia.
Incluso con un proyecto de declaración sancionado en la Legislatura provincial el jueves pasado, justo en plena marcha de los docentes que llegaron a tirar el triple vallado y algunas piedras sobre los vidrios de la fachada del edificio.
Sin dudas, también generó una presión importante para lograr un acuerdo un inédito acto de atrevimiento y desafío al poder de la provincia que nunca antes se había visto: los docentes marcharon a la casa de Carlos Rovira, el máximo jefe del oficialismo misionero.
Por temor a nuevas protestas, el Gobierno mandó a cerrar las dos calles de acceso al barrio El Laurel con personal de seguridad privada. Incluso generando contratiempos a los alumnos de la Universidad Católica de Misiones (UCAMI), cuyo Campus se encuentra también contiguo al predio donde está el domicilio del ex gobernador.
“Este conflicto no se pareció en nada a otros, fue distinto y sin dudas, tuvo una resolución distinta, con derivaciones políticas muy profundas que iremos conociendo en el futuro próximo”, dijo un importante exfuncionario del Gobierno de Misiones que participó de varias negociaciones candentes con estatales.
Fuente: LA NACION.
