Ya cerrado el mes de junio, se conocieron los datos referidos a la distribución de recursos nacionales por coparticipación federal, leyes especiales y compensaciones, categorizadas todas en lo que se llama “transferencias automáticas”.
Desde hace un tiempo observamos como este tema, y en particular el esquema de reparto vigente viene siendo debatido bajo dos supuestos bandos: provincias vs. CABA. Esto, a partir de un conflicto judicial que está en marcha vinculado a los puntos extras que el ex presidente Macri le otorgó a la ciudad autónoma, y que el actual mandatorio Fernández quitó, tras la sanción de una ley en el Congreso.
Empecemos primero por un poquito de historia: en el año 1988, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, se sancionó la ley 23.548 que establecía el nuevo Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación y las Provincias, a partir de enero de ese año, asignando los esquemas de distribución primaria y secundaria y también, en esta última, los guarismos específicos a cada provincia. Estos tenían cierto criterio, vinculado a un mix de indicadores demográficos, sociales y económicos, y pretendía ser un esquema solidario y equitativo.
Luego, con la reforma de la Constitución Nacional realizada en 1994, se estableció que el régimen de coparticipación federal de impuestos debía modificarse antes del 1997. Nada de eso pasó. Hoy, la distribución de recursos coparticipables, principal ingreso que tienen las provincias, se rigen bajo el mismo esquema definido en 1988, es decir, hace 34 años. En ese tiempo, la Argentina cambió, las estructuras productivas provinciales cambiaron, sus economías, sus demografías. Todo cambio. En mayor o menor medida de acuerdo con el indicador que se considere, las provincias no son las mismas, y eso genera altas asimetrías y distorsiones a la hora de distribuir recursos.
Decíamos que cerró junio y se conocieron los datos: los recursos por coparticipación y transferencias automáticas enviados a las 23 provincias y CABA rompieron un récord, alcanzando el mayor valor nominal de la historia: $ 603.983 millones. Por supuesto, el fenómeno inflacionario persistente en el país genera estos récords, ya que cada vez se vuelcan más pesos en la economía ante la suba de precios y, por ende, la recaudación asciende. Pero lo relevante es su crecimiento: descontando inflación, la suba real del mes fue del 15%, y por segundo mes consecutivo crece en doble dígito.
La primera observación es que las provincias están teniendo un flujo de ingresos coparticipables de importante magnitud: de hecho, de los últimos 24 meses, tuvieron alzas en 20. Esto repercute de manera directa en las cajas provinciales, sobre todo por el hecho, como decíamos antes, de que este ingreso es el principal de la gran mayoría de ellas, aunque con diferentes niveles de dependencia.
Pero ¿este esquema es justo? Como se menciona anteriormente, no lo es y, por el contrario, genera fuertes asimetrías. Una forma simple de verlo es a partir del cálculo de las transferencias recibidas en contraste con su población: es decir, la medición per cápita.
Tierra del Fuego es la provincia que menos pesos corrientes recibió en junio ($ 6.982 millones), pero en relación con su población (que es también la menor del país), por fueguino se enviaron unos $39.291 en este mes. Por el contrario, en la provincia de Buenos Aires las transferencias alcanzaron los $136.375 millones (el mayor entre las provincias y siendo la provincia de mayor población) pero, en términos per cápita, apenas captó $7.701 por bonaerense: un 410% de diferencia. Esta es la primera asimetría de la que hablamos.
El Consejo Regional de Norte Grande surgió como un bloque unido de las diez provincias del norte postergado, con firmes reclamos por terminar la asimetría con el resto del país. Demanda y reclamo más que justo, pero también necesita tener algo más de honradez al hablar de recursos. Si bien las asimetrías que sufre el Norte son de diferentes ámbitos (infraestructura, servicios, transporte, energía y otros tantos) cuando vemos el esquema de reparto estas provincias son, por el contrario, altamente beneficiadas.
Catamarca, con apenas el 2% de la población de la provincia de Buenos Aires, recibe en términos per cápita 377% más recursos por coparticipación. Similar escenario se da con Formosa, La Rioja, Santiago de Estero y Chaco.
Pero más grave aún, la inequidad también se observa hacia adentro mismo del Norte Grande. Un caso muy claro es de Misiones vs. Formosa: dos provincias que integran la misma región geográfica, el NEA, pero que tienen tratamientos altamente desiguales. Formosa, con la mitad de la población que Misiones, recibe un promedio de 7% más de recursos medidos en pesos corrientes; en la comparación per cápita, la asimetría es más contundente: en junio, 34,1 mil pesos por formoseño contra 15,2 mil por misionero.
Párrafos atrás decíamos que el esquema de reparto vigente pretendía ser “solidario y equitativo”. A priori, un oxímoron. Ser solidarios implica ser inequitativo; y ser equitativo implica no ser solidario. En la actualidad, el sistema de coparticipación es altamente solidario en desmedro de determinadas provincias que se ven afectadas.
El discurso político carece de argumentos al respecto: provincias como el Chaco y Formosa apelan a la lógica de un retraso relativo en su desarrollo y la consecuente necesidad de fondos para lograr ello. De ese modo justifican recibir un caudal de recursos altamente superiores a otras provincias. Pero lo cierto es que, en 34 años de vigencia de este esquema de reparto, si no se logró avances, es porque el problema no es el dinero, es su administración.
Otra asimetría vinculada a esto, y dejando atrás la población, es su aporte en recaudación de impuestos nacionales: en el Norte Grande, Misiones es la provincia que recauda el mayor volumen de IVA, pero recibe menos que otras, en términos proporcionales.
Sin caer en las consignas algo irreales de algunos sectores políticas que piden por la “eliminación de la coparticipación y que cada provincia viva de lo que produce”, el esquema de reparto necesita una reforma urgente. Pero política y legislativamente, es casi un imposible. Una reforma de este tipo requiere la aprobación de las 24 jurisdicciones subnacionales. Por ende, una provincia que deba ceder puntos de coparticipación no lo aceptará, y trabará la reforma.
Ante esto, la solución, por lo menos en el mediano plazo, es el establecimiento de montos compensatorios, fijos o variables, mecanismo que de hecho algunas provincias hoy la tienen, como Buenos Aires a través del Fondo de Fortalecimiento Fiscal o La Rioja como compensación histórica.
