En lo que va del año ya pagó mas de USD 5.000 millones y el año que viene tiene vencimientos por USD 18.000 millones.
El Gobierno pagó este lunes 390 millones de dólares al FMI en concepto de intereses de deuda en medio del viraje en las decisiones del presidente respecto del grado de avance en las negociaciones por un nuevo acuerdo: de difundir tres veces que se trataba de un acuerdo prácticamente cerrado, este fin de semana en Roma cambió diametralmente al admitir que las condiciones para llegar a un nuevo acuerdo con el organismo son dificultosas.
El pago de este lunes cubre casi 277.280.000 Derechos Especiales de Giro (DEGs) y es el último antes del vencimiento del 22 de diciembre por 1326,7 millones de DEGs o unos 1.870 millones de dólares, pago que el Gobierno no ha dado señales de querer evitar. Así en el transcurso del año, se habrán pagado 5.075 millones de dólares al FMI en concepto de capital y de intereses.
Para el año próximo, los vencimientos ascienden a casi 18.000 millones de dólares. Y como esa plata no está, el Gobierno necesita llegar a un entendimiento para postergar los vencimientos con el organismo y también renegociar los vencimientos con el Club de París, que fueron postergados hasta marzo de 2022.
O bien, el país incurrirá a en una atraso de los pagos que implicará automáticamente el fin del fondeo con todos los organismos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo y el cierre definitivo de los mercados de capitales para las empresas nacionales.
Una alternativa elegante que aun no entró en análisis es la posibilidad de una prórroga otorgada unilateralmente por el Fondo, similar a la que le dio a la Argentina en 2002 para evitar la cesación formal de pagos. Esta alternativa permitiría al organismo esperar a las próximas elecciones con la posibilidad de que esto genere un nuevo interlocutor que reemplace a Alberto Fernández y Martín Guzmán.
De momento la resistencia del FMI a la baja de los sobrecargos no ha confrontado con la creciente presión internacional que consiguió Guzmán en el G20 para que el organismo encare una revisión de su política de sobrecargos de tasas de interés.
El argumento de que Argentina solo es el primero en una larga lista de países en necesitar recurrir al financiamiento por montos extraordinarios con un peso de sobrecargas contrario a la normalización de la deuda, no permea entre los representantes de los países centrales en la Junta Directiva del organismo, donde ven a la Argentina buscando la forma de volver a eludir obligaciones contraídas.
