La iniciativa intenta reactivar las economías regionales y un endeudamiento público responsable.
La Cámara baja de Diputados convirtió en Ley el Consenso Fiscal que habían firmado el presidente, Alberto Fernández con los gobernadores, y que destina $70.000 millones para reactivar las economías regionales. Esta iniciativa prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende los procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.
El proyecto que había obtenido media sanción del Senado el 24 de febrero, fue aprobado en la Cámara baja por 140 votos a favor, 104 en contra y una abstención, tras breve debate en el que expusieron tan solo cuatro oradores.
El Consenso Fiscal fue acordado en diciembre por el Presidente y los mandatarios provinciales, con excepción de San Luis, la Pampa, y la Ciudad de Buenos Aires, que mantiene una controversia por los recursos para la policía porteña.
Qué comtempla el proyecto
El nuevo acuerdo fiscal permitirá a las provincias contar con un monto total de alrededor de $70.000 millones que podrán ser utilizados para reactivar las economías regionales, luego de un año atravesado por la crisis generada por la pandemia del coronavirus.
El proyecto además establece que en 2021 las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados al 31 de diciembre del 2020.
Esa medida no se aplicará para las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito o con acreedores institucionales siempre que, estos últimos, otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros, en términos de repago y de destino de los fondos, entre otros.
Tampoco se aplicarán a los fondos obtenidos que se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestrcucturación de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.
Uno de puntos los importantes que contiene el acuerdo es la necesidad de definir una estrategia para el endeudamiento responsable de las provincias que posibilite el acceso a nuevas fuentes de financiamiento.
Otro punto central el acuerdo estará vinculado a las demandas judiciales y se establece que por un año las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales, y suspender los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
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También habrá trabajos en conjunto entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y los organismos provinciales de recaudación tributaria para identificar la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables. Además, la Nación y las provincias trabajarán en forma conjunta en un programa integral para la simplificación y coordinación tributaria federal.
Se incluye, por otra parte, el reconocimiento de que la coparticipación no es el vehículo de recursos para transferir servicios, competencias y funciones de la Nación a los distritos.
