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Auditarán más de un millón de pensiones por invalidez

Según confirmó Manuel Adorni, portavoz de Javier Milei, que las auditorías comenzarán esta misma semana. La Agencia Nacional de Discapacidad continúa en el ojo de la tormenta.


El gobierno de Javier Milei comenzó hoy, miércoles 5, una auditoría sobre más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral en todo el país. El objetivo es asegurarse de que estos beneficios cumplan con las leyes actuales y corregir las irregularidades encontradas en el sistema.

Manuel Adorni, vocero presidencial, explicó que esta auditoría será gradual e incluirá a más de un millón de casos. En auditorías anteriores se detectó un esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que desviaba unos 3.400 millones de dólares al año.

Las auditorías estarán a cargo de la ANDIS, dirigida por el abogado Diego Spagnuolo, y del PAMI, que lidera Esteban Leguízamo. En total, son 1.013.400 pensiones en juego. El objetivo es hacer el proceso más transparente, asegurándose de que solo quienes realmente lo necesiten y cumplan con los requisitos reciban este beneficio.

El proceso será por etapas: primero, los beneficiarios recibirán cartas documento y deberán presentar la documentación necesaria. Luego, los médicos del PAMI realizarán entrevistas y controles para asegurar que todos los beneficiarios puedan acceder a la auditoría. En la última etapa, se procesará la información y se decidirá si los beneficiarios cumplen con los requisitos para seguir recibiendo la pensión o si se les suspende el beneficio.

Se espera que los primeros beneficiarios reciban las cartas a principios de febrero. Todo el proceso estará supervisado por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, con el fin de garantizar que los recursos públicos se gestionen de manera eficiente y lleguen a quienes realmente lo necesiten.

Los primeros relevamientos mostraron resultados preocupantes: el 80% de los beneficiarios no cumplen con los requisitos para recibir esta pensión. Entre las irregularidades encontradas hay personas sin discapacidad certificada, documentos falsificados y presos que seguían recibiendo pagos.

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